La DEA y el narco

Ecos: Reportajes
22 jun 2020
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene bajo su mando a La Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF también por sus siglas en inglés). Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006, se ha apuntado hacia la complicidad del gobierno de Felipe Calderón con la delincuencia organizada, sino también la del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Lo que oculta el juicio del Chapo

En 2019, durante el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, la fiscalía de Nueva York vetó que se tocaran los temas relacionados a la relación entre la DEA y El Chapo. Así lo afirma la periodista de investigación Anabel Hernández en su libro El Traidor.

No obstante, las investigaciones llevadas a cabo por esta periodista revelan que hubo un elemento clave entre El Chapo y la DEA: Humberto Loya Castro, socio y consejero de Joaquín Guzmán Loera.

En la investigación realizada por Anabel Hernández se encuentra una carta de Humberto Loya Castro. En ésta, Loya Castro afirma que el agente Esteban Monk del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas le solicitó reunirse con él y otros agentes de la DEA. Sobre esta reunión Loya Castro escribe lo siguiente:

En esa reunión con representantes de la DEA hablamos sobre mi acusación formal. La DEA me dijo que ellos podrían conseguir el desistimiento y quitarme de encima cualquier otro problema criminal que yo tuviera en Estados Unidos de América siempre y cuando yo les proveyera información real para la detención de individuos de otros cárteles y se consumaran los arrestos y decomisos de drogas en México y el extranjero. Yo les dije que necesitaba la aprobación del Chapo y que cualquier cooperación tenía que ser bajo la condición y el entendido que yo no daría información sobre las actividades del Cártel de Sinaloa. Ellos estuvieron de acuerdo, así que le pedí al Chapo su aprobación y me la dio.

En El Traidor Anabel Hernández afirma que: “la relación entre el Cártel de Sinaloa y los agentes de la DEA se convirtió en un toma y daca: no sólo era beneficiosa para el cártel porque se deshacía de enemigos, sino porque también recibía información de operativos por parte de los agentes”. Aunado a esto, los testimonios de Vicente Zambada, hijo de Ismael Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, apuntan a que “el Chapo pagaba sobornos a un agente de la DEA a cambio de información de operativos”.

Lo que reveló el juicio contra El Vicentillo

Durante el juicio contra Vicente Zambada en Chicago se reveló que la DEA permitió

a los traficantes Margarito y Pedro Flores traficar a Estados Unidos toneladas de cocaína. De acuerdo a Proceso: “Según documentos y testimonios judiciales, ambos [Margarito y Pedro Flores] – otrora socios del Chapo Guzmán y actualmente testigos en el juicio contra Vicente Zambada– lograron un acuerdo con la agencia antidrogas estadounidense que les brindó impunidad y, en los hechos, convirtió a esa instancia gubernamental en cómplice de la actividad a la cual está obligada a combatir”

El fiasco rápido y furioso

De 2009 a 2010 tuvo lugar el operativo llamado Rápido y Furioso, en el que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) introdujo más de 2500 armas en territorio mexicano para rastrearlas y estudiar el funcionamiento de los cárteles del narcotráfico en México. El operativo debía funcionar en conjunto con el gobierno mexicano para rastrear las armas y detener a los delincuentes del crimen organizado. Según información recolectada por Proceso, el operativo fue un fracaso, pues “la PGR nunca dio con los delincuentes buscados y, en cambio, fusiles y pistolas sirvieron para cometer decenas de actos criminales, entre ellos la matanza de Villas de Salvárcar”.

Gracias a este operativo dirigido por el gobierno estadounidense y por el gobierno mexicano, el narcotráfico se hizo con más de 2500 armas de alto calibre. Curiosamente, el principal destinatario de las armas fue el Cártel de Sinaloa: el más favorecido por el gobierno de Calderón y por la DEA.

Uno de los personajes involucrados en el operativo Rápido y Furioso fue el entonces Fiscal General de los Estados Unidos Eric Holder. En Julio de 2012, el ahora expresidente Barack Obama utilizó el privilegio ejecutivo para impedir que el fiscal Holder presentara documentos relacionados al operativo a la comisión de la Cámara de Representantes estadounidense, la cual investigaba el fallido operativo.

Rápido y Furioso no es el único operativo de tráfico ilegal de armas avalado por los gobiernos estadounidense y mexicano. Ya desde el sexenio de Vicente Fox se tiene antecedentes de dichos operativos. Entre 2006 y 2007 se llevó a cabo el operativo Wide Receiver o Recibidor abierto. Según La Jornada, este operativo también fue realizado “desde la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en Tucson, Arizona, y era conocida por altos funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos”.